Alex Domínguez advierte omisiones legislativas y decisiones unilaterales que ponen en riesgo la seguridad hídrica del estado

Municipios del Estado de Chihuahua promovieron controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Ley General de Aguas y diversos actos y omisiones de autoridades federales relacionados con la gestión y extracción del recurso hídrico, particularmente en la Presa La Boquilla.

Las controversias, radicadas el 21 de enero de este año y turnadas a la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, fueron presentadas por los municipios de Buenaventura, Guerrero, Balleza y Cusihuiriachi, con los expedientes correspondientes.

Dichos ayuntamientos impugnan la Ley General de Aguas publicada el 11 de diciembre de 2025, al considerar que es inconstitucional, ya que únicamente regula el uso doméstico del agua y deja fuera los usos agrícola, pecuario, industrial, ambiental y urbano, en contravención del artículo 4º constitucional.

Al respecto, el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y diputado federal, Alejandro Domínguez, expresó su respaldo a la acción legal emprendida por los municipios, al señalar que la actual legislación federal invade competencias municipales, excluye a los gobiernos locales de la toma de decisiones y permite extracciones de agua sin planeación ni consulta.

“Estamos ante una ley incompleta que ignora la realidad hídrica de Chihuahua y que permite decisiones unilaterales desde el centro del país, sin escuchar a los municipios ni a los productores que dependen directamente del agua para su subsistencia”, afirmó.

Las controversias también reclaman actos y omisiones del Congreso de la Unión, la Presidencia de la República, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) y del Consejo de Cuenca del Río Bravo, entre ellos la falta de integración de Consejos de Cuenca con participación municipal y las órdenes de extracción de agua de la Presa La Boquilla sin un plan hídrico ni participación local, incluso para cumplir compromisos del Tratado de Aguas de 1944.

De acuerdo con los promoventes, estas acciones vulneran la autonomía municipal consagrada en el artículo 115 constitucional, generan vacíos normativos y agravan el estrés hídrico que enfrenta el estado, afectando de manera directa a comunidades y sectores productivos.

El legislador subrayó que el PRI impulsará desde el ámbito legislativo una defensa integral en materia de agua, que garantice la participación efectiva de los municipios, una gestión responsable del recurso y la protección de la seguridad hídrica, agrícola y social de Chihuahua.

Explicó que el objetivo estratégico de las controversias, es defender la autonomía municipal, asegurar una gestión incluyente del agua y frenar decisiones unilaterales que comprometan el futuro hídrico del estado.