Encabezan punto de acuerdo el coordinador Rub\u00e9n Moreira y Tony Mel\u00e9ndez<\/p>\n
A fin de garantizar la participaci\u00f3n de todos los sectores sociales y productivos, el Grupo Parlamentario del PRI present\u00f3 un punto de acuerdo para realizar foros de consulta publica y de Parlamento Abierto en el an\u00e1lisis de la Ley General de Aguas.<\/p>\n
El diputado federal Juan Antonio “Tony” Mel\u00e9ndez Ortega promovi\u00f3 esta iniciativa que fue bien acogida por el coordinador Rub\u00e9n Moreira y acompa\u00f1ada por todos los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.<\/p>\n
En la propuesta se solicita realizar en el mes de noviembre 7 foros de consulta en el pa\u00eds, uno de ellos en el estado de Chihuahua, con la presencia de los titulares de la Comisi\u00f3n Nacional del Agua y de SADER.<\/p>\n
Cabe destacar que el punto de acuerdo \u00fanico establece: “La C\u00e1mara de Diputados del Honorable Congreso de la Uni\u00f3n exhorta respetuosamente a las Comisiones competentes en materia de recursos hidr\u00e1ulicos, medio ambiente y desarrollo sustentable, para que, antes de la aprobaci\u00f3n del proyecto de reforma, derogaci\u00f3n y adici\u00f3n a la Ley General de Aguas, se realicen foros de consulta p\u00fablica y un ejercicio de Parlamento Abierto, con el objetivo de garantizar la participaci\u00f3n efectiva de todos los sectores sociales, acad\u00e9micos, gubernamentales y productivos del pa\u00eds, asegurando con ello que la nueva legislaci\u00f3n refleje las necesidades, derechos y aspiraciones de la sociedad mexicana respecto al uso y manejo sustentable del agua”.<\/p>\n
Los legisladores federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional expusieron que el derecho humano al agua es un principio reconocido en el art\u00edculo Cuarto de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que \u201ctoda persona tiene derecho al acceso, disposici\u00f3n y saneamiento de agua para consumo personal y dom\u00e9stico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible\u201d.<\/p>\n
Este precepto constitucional impone al Estado la obligaci\u00f3n de garantizar dicho derecho mediante una gesti\u00f3n sustentable, equitativa y participativa de los recursos h\u00eddricos, subrayaron.<\/p>\n
En la argumentaci\u00f3n de motivos se considera que los instrumentos internacionales suscritos por M\u00e9xico, como el Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, refuerzan la obligaci\u00f3n del Estado mexicano de garantizar el acceso universal al agua y promover su manejo sostenible.<\/p>\n
En este contexto, la reforma, derogaci\u00f3n y adici\u00f3n a la Ley General de Aguas representa una oportunidad hist\u00f3rica para actualizar el marco normativo en materia h\u00eddrica, orient\u00e1ndolo hacia un modelo de gobernanza que priorice el derecho humano, la protecci\u00f3n ambiental, la justicia social y la sustentabilidad econ\u00f3mica.<\/p>\n
Sin embargo, dada la trascendencia de esta legislaci\u00f3n, su aprobaci\u00f3n requiere de un proceso amplio, plural y transparente, que asegure la participaci\u00f3n efectiva de la sociedad.<\/p>\n
Para el diputado Tony Mel\u00e9ndez y sus compa\u00f1eros del Grupo Parlamentario “el agua no es solo un recurso natural estrat\u00e9gico; es un elemento vital que sustenta la vida, la producci\u00f3n agr\u00edcola, la salud p\u00fablica y el equilibrio ecol\u00f3gico”.<\/p>\n
El diputado federal por Chihuahua manifest\u00f3 que “su gesti\u00f3n involucra a diversos sectores de la sociedad: comunidades rurales e ind\u00edgenas, organismos operadores, agricultores, industrias, gobiernos locales, investigadores, ambientalistas y ciudadanos en general”.<\/p>\n
Por tal motivo, cada uno de estos actores posee conocimientos, experiencias y necesidades espec\u00edficas que deben ser consideradas para construir una ley leg\u00edtima, eficaz y socialmente aceptada.<\/p>\n
Entre los cambios m\u00e1s relevantes que plantea la reforma y que deben consultarse y trabajarse en los foros destacan los siguientes:
\nEn un primer momento encontramos el r\u00e9gimen de concesiones y Fondo de Reserva, que se mantiene la figura de concesi\u00f3n, pero con modificaciones sustanciales, por ejemplo la disponibilidad de agua se revisar\u00e1 cada dos a\u00f1os y se incorpora un nuevo mecanismo denominado Fondo de Reserva, que concentrar\u00e1 los vol\u00famenes recuperados por caducidad, renuncia o revocaci\u00f3n. Dichos vol\u00famenes se reasignar\u00e1n exclusivamente por la Autoridad del Agua, mediante nuevos t\u00edtulos.<\/p>\n
Esta centralizaci\u00f3n de facultades puede fortalecer la planeaci\u00f3n h\u00eddrica, pero tambi\u00e9n genera riesgos de discrecionalidad y falta de transparencia, por lo que es indispensable discutir p\u00fablicamente los criterios que regular\u00e1n las reasignaciones.
\nAdem\u00e1s se procura la eliminaci\u00f3n de transmisiones de derechos entre particulares, esta propuesta elimina por completo la posibilidad de transferir derechos de agua entre particulares, un mecanismo que, bajo la ley vigente, permit\u00eda dinamizar la econom\u00eda agr\u00edcola e industrial mediante ajustes voluntarios de uso del recurso dentro de una misma cuenca o acu\u00edfero.<\/p>\n
Se prevee sustituirlo por un sistema de \u201creasignaciones\u201d controladas por la autoridad que implica alterar de manera profunda el mercado del agua y las condiciones de seguridad jur\u00eddica de los usuarios.<\/p>\n
Sin embargo, esta medida debe evaluarse con detenimiento a trav\u00e9s de consultas p\u00fablicas que permitan conocer sus implicaciones reales para las econom\u00edas regionales y la inversi\u00f3n.<\/p>\n
Por otro lado, la reforma restringe severamente los cambios de uso, relocalizaciones y modificaciones de concesi\u00f3n. En adelante, cualquier cambio sustantivo, como trasladar un pozo colapsado, modificar el punto de extracci\u00f3n o cambiar el uso de agr\u00edcola a urbano, requerir\u00e1 un nuevo t\u00edtulo.<\/p>\n
Esta limitaci\u00f3n puede afectar a productores, municipios y empresas que dependen de la flexibilidad operativa para adaptarse a condiciones t\u00e9cnicas o clim\u00e1ticas, por lo que es necesario revisar su viabilidad pr\u00e1ctica mediante un di\u00e1logo t\u00e9cnico con los sectores productivos y sociales.<\/p>\n
Se contemplan nuevas facultades de inspecci\u00f3n y delitos h\u00eddricos, la autoridad contar\u00e1 con mayores facultades para verificar, sancionar y hasta demoler obras en zona federal sin t\u00edtulo, y se crean tipos penales espec\u00edficos por delitos h\u00eddricos como alteraci\u00f3n de cauces o manipulaci\u00f3n de medidores.<\/p>\n
Si bien estas medidas buscan fortalecer la legalidad y proteger el recurso, tambi\u00e9n incrementan el control estatal sobre los usuarios, lo que exige claridad en los procedimientos y salvaguardas de derechos, materia que debe analizarse abiertamente con juristas, expertos y organizaciones civiles.<\/p>\n
La reforma, al incrementar la centralizaci\u00f3n y el control estatal del agua, puede contribuir a una gesti\u00f3n m\u00e1s sustentable, pero tambi\u00e9n podr\u00eda dificultar la inversi\u00f3n privada, los proyectos agr\u00edcolas y el desarrollo urbano. La incertidumbre sobre los criterios de reasignaci\u00f3n y la eliminaci\u00f3n de la flexibilidad actual generan un entorno de inseguridad jur\u00eddica que requiere discutirse ampliamente antes de legislar.<\/p>\n
Por ello, al ver que algunas reformas y medidas generan grandes cambios, es importante contemplar la participaci\u00f3n ciudadana mediante foros, consultas y ejercicios de parlamento abierto, lo que constituye un componente esencial para el proceso legislativo en esta materia. Estos espacios no son meramente formales, sino mecanismos democr\u00e1ticos que garantizan que la norma refleje la realidad del pa\u00eds, incorpore la diversidad cultural y geogr\u00e1fica de M\u00e9xico, y fortalezca la corresponsabilidad en la gesti\u00f3n del agua.<\/p>\n
La experiencia demuestra que la imposici\u00f3n de pol\u00edticas p\u00fablicas sin participaci\u00f3n social genera conflictos, resistencia y desconfianza institucional. En cambio, cuando las leyes se construyen con base en el di\u00e1logo, la consulta y la inclusi\u00f3n, su aplicaci\u00f3n es m\u00e1s efectiva y su legitimidad m\u00e1s s\u00f3lida.<\/p>\n
Adem\u00e1s, el principio de consulta previa, libre e informada, reconocido en el Convenio 169 de la OIT, obliga al Estado mexicano a garantizar la participaci\u00f3n directa de los pueblos y comunidades ind\u00edgenas en las decisiones que afecten sus territorios y recursos naturales, como es el caso del agua. Ignorar esta obligaci\u00f3n no solo vulnerar\u00eda derechos humanos, sino que tambi\u00e9n podr\u00eda comprometer la constitucionalidad de la futura Ley General de Aguas.<\/p>\n
El Congreso de la Uni\u00f3n ha impulsado el concepto de Parlamento Abierto como una pr\u00e1ctica legislativa moderna, sustentada en los valores de transparencia, rendici\u00f3n de cuentas, colaboraci\u00f3n ciudadana y deliberaci\u00f3n informada. Aplicar este principio en la discusi\u00f3n de la reforma h\u00eddrica permitir\u00eda mejorar la calidad del debate legislativo, incorporar conocimiento t\u00e9cnico y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.<\/p>\n
La naturaleza transversal del agua exige que las soluciones normativas no se construyan desde una sola perspectiva, requiere integrar la visi\u00f3n de la ciencia, la t\u00e9cnica, la gesti\u00f3n social y los derechos humanos, los foros tem\u00e1ticos, tanto regionales como nacionales, ofrecen la posibilidad de abordar los retos espec\u00edficos de cada cuenca, de cada regi\u00f3n, y de cada grupo poblacional, permitiendo as\u00ed un dise\u00f1o normativo m\u00e1s justo y adaptado a la diversidad del pa\u00eds.<\/p>\n
En suma, garantizar la participaci\u00f3n mediante foros, consultas y un parlamento abierto no solo fortalece el proceso democr\u00e1tico, sino que asegura que la futura Ley General de Aguas sea leg\u00edtima, inclusiva, t\u00e9cnica y ambientalmente responsable. El di\u00e1logo social previo a la aprobaci\u00f3n de esta reforma no debe verse como un obst\u00e1culo, sino como la v\u00eda m\u00e1s segura para lograr una legislaci\u00f3n duradera, equitativa y ampliamente respaldada por la sociedad mexicana.<\/p>\n
Por todo lo anterior, se considera de alta relevancia que las comisiones dictaminadoras del Congreso de la Uni\u00f3n organicen, antes de su dictamen y votaci\u00f3n, un proceso nacional de consulta y participaci\u00f3n que incluya a todos los sectores involucrados, como condici\u00f3n indispensable para garantizar la eficacia, legitimidad y justicia de la nueva Ley General de Aguas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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Cabe destacar que el punto de acuerdo \u00fanico establece: “La C\u00e1mara de Diputados del Honorable Congreso de la Uni\u00f3n exhorta respetuosamente a las Comisiones competentes en materia de recursos hidr\u00e1ulicos, medio ambiente y desarrollo sustentable, para que, antes de la aprobaci\u00f3n del proyecto de reforma, derogaci\u00f3n y adici\u00f3n a la Ley General de Aguas, se realicen foros de consulta p\u00fablica y un ejercicio de Parlamento Abierto, con el objetivo de garantizar la participaci\u00f3n efectiva de todos los sectores sociales, acad\u00e9micos, gubernamentales y productivos del pa\u00eds, asegurando con ello que la nueva legislaci\u00f3n refleje las necesidades, derechos y aspiraciones de la sociedad mexicana respecto al uso y manejo sustentable del agua”. Los legisladores federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional expusieron que el derecho humano al agua es un principio reconocido en el art\u00edculo Cuarto de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que \u201ctoda persona tiene derecho al acceso, disposici\u00f3n y saneamiento de agua para consumo personal y dom\u00e9stico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible\u201d. Este precepto constitucional impone al Estado la obligaci\u00f3n de garantizar dicho derecho mediante una gesti\u00f3n sustentable, equitativa y participativa de los recursos h\u00eddricos, subrayaron. En la argumentaci\u00f3n de motivos se considera que los instrumentos internacionales suscritos por M\u00e9xico, como el Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, refuerzan la obligaci\u00f3n del Estado mexicano de garantizar el acceso universal al agua y promover su manejo sostenible. En este contexto, la reforma, derogaci\u00f3n y adici\u00f3n a la Ley General de Aguas representa una oportunidad hist\u00f3rica para actualizar el marco normativo en materia h\u00eddrica, orient\u00e1ndolo hacia un modelo de gobernanza que priorice el derecho humano, la protecci\u00f3n ambiental, la justicia social y la sustentabilidad econ\u00f3mica. Sin embargo, dada la trascendencia de esta legislaci\u00f3n, su aprobaci\u00f3n requiere de un proceso amplio, plural y transparente, que asegure la participaci\u00f3n efectiva de la sociedad. Para el diputado Tony Mel\u00e9ndez y sus compa\u00f1eros del Grupo Parlamentario “el agua no es solo un recurso natural estrat\u00e9gico; es un elemento vital que sustenta la vida, la producci\u00f3n agr\u00edcola, la salud p\u00fablica y el equilibrio ecol\u00f3gico”. El diputado federal por Chihuahua manifest\u00f3 que “su gesti\u00f3n involucra a diversos sectores de la sociedad: comunidades rurales e ind\u00edgenas, organismos operadores, agricultores, industrias, gobiernos locales, investigadores, ambientalistas y ciudadanos en general”. Por tal motivo, cada uno de estos actores posee conocimientos, experiencias y necesidades espec\u00edficas que deben ser consideradas para construir una ley leg\u00edtima, eficaz y socialmente aceptada. Entre los cambios m\u00e1s relevantes que plantea la reforma y que deben consultarse y trabajarse en los foros destacan los siguientes: En un primer momento encontramos el r\u00e9gimen de concesiones y Fondo de Reserva, que se mantiene la figura de concesi\u00f3n, pero con modificaciones sustanciales, por ejemplo la disponibilidad de agua se revisar\u00e1 cada dos a\u00f1os y se incorpora un nuevo mecanismo denominado Fondo de Reserva, que concentrar\u00e1 los vol\u00famenes recuperados por caducidad, renuncia o revocaci\u00f3n. Dichos vol\u00famenes se reasignar\u00e1n exclusivamente por la Autoridad del Agua, mediante nuevos t\u00edtulos. Esta centralizaci\u00f3n de facultades puede fortalecer la planeaci\u00f3n h\u00eddrica, pero tambi\u00e9n genera riesgos de discrecionalidad y falta de transparencia, por lo que es indispensable discutir p\u00fablicamente los criterios que regular\u00e1n las reasignaciones. Adem\u00e1s se procura la eliminaci\u00f3n de transmisiones de derechos entre particulares, esta propuesta elimina por completo la posibilidad de transferir derechos de agua entre particulares, un mecanismo que, bajo la ley vigente, permit\u00eda dinamizar la econom\u00eda agr\u00edcola e industrial mediante ajustes voluntarios de uso del recurso dentro de una misma cuenca o acu\u00edfero. Se prevee sustituirlo por un sistema de \u201creasignaciones\u201d controladas por la autoridad que implica alterar de manera profunda el mercado del agua y las condiciones de seguridad jur\u00eddica de los usuarios. Sin embargo, esta medida debe evaluarse con detenimiento a trav\u00e9s de consultas p\u00fablicas que permitan conocer sus implicaciones reales para las econom\u00edas regionales y la inversi\u00f3n. Por otro lado, la reforma restringe severamente los cambios de uso, relocalizaciones y modificaciones de concesi\u00f3n. En adelante, cualquier cambio sustantivo, como trasladar un pozo colapsado, modificar el punto de extracci\u00f3n o cambiar el uso de agr\u00edcola a urbano, requerir\u00e1 un nuevo t\u00edtulo. Esta limitaci\u00f3n puede afectar a productores, municipios y empresas que dependen de la flexibilidad operativa para adaptarse a condiciones t\u00e9cnicas o clim\u00e1ticas, por lo que es necesario revisar su viabilidad pr\u00e1ctica mediante un di\u00e1logo t\u00e9cnico con los sectores productivos y sociales. Se contemplan nuevas facultades de inspecci\u00f3n y delitos h\u00eddricos, la autoridad contar\u00e1 con mayores facultades para verificar, sancionar y hasta demoler obras en zona federal sin t\u00edtulo, y se crean tipos penales espec\u00edficos por delitos h\u00eddricos como alteraci\u00f3n de cauces o manipulaci\u00f3n de medidores. Si bien estas medidas buscan fortalecer la legalidad y proteger el recurso, tambi\u00e9n incrementan el control estatal sobre los usuarios, lo que exige claridad en los procedimientos y salvaguardas de derechos, materia que debe analizarse abiertamente con juristas, expertos y organizaciones civiles. La reforma, al incrementar la centralizaci\u00f3n y el control estatal del agua, puede contribuir a una gesti\u00f3n m\u00e1s sustentable, pero tambi\u00e9n podr\u00eda dificultar la inversi\u00f3n privada, los proyectos agr\u00edcolas y el desarrollo urbano. 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